Por encima de Michoacán, Durango, Guerrero y Chiapas que tienen potencial forestal, las cien empresas comunitarias que de manera sustentable aprovechan los bosques en la entidad, colocan a Oaxaca como ejemplo a nivel nacional, pero el trabajo es poco reconocido.
La falta de incentivos fiscales, el desinterés de las autoridades locales para realizar “compras verdes” de los productos que transforman, los insuficientes apoyos para combatir plaga o las concesiones mineras son una serie de factores en contra de este tipo de empresas que en algunos casos suplen las responsabilidades del Estado.
Uno de los ejemplos más emblemáticos es Ixtlán de Juárez, municipio de la Sierra Juárez donde existen siete empresas comunitarias, que incluyen un aserradero, una fábrica de muebles o una Sociedad financiera de objeto limitado (Sofol) que en conjunto generan 200 empleos directos.
El presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Ixtlán de Juárez, Félix Ruiz Pacheco, tiene claro que el trabajo que por décadas han realizado e impacta en materia de salud, vivienda, mejora de caminos, educación y en la economía de la población no tiene un impulso tangible de parte de las autoridades estatales o federales. “No se reconoce nuestro trabajo y en donde se ve es en el pago de impuestos, las empresas comunitarias estamos catalogadas como una privada, a pesar de que la mayor parte de las utilidades se destinan al mejoramiento de la comunidad o la situación económica de los comuneros”, lamenta. En eso coincide el Coordinador General de Geo Conservación A. C., Fernando Mondragón Galicia, quien identifica además la falta de interés de autoridades estatales de promover compras de muebles de madera certificada o de agua purificada que requieren las dependencias.
Las no maderables también conservan bosques Además de las empresas que hacen un aprovechamiento forestal, pide observar a las no maderables que con sus buenas prácticas generan servicios ambientales o productos amigables con la biodiversidad, sin fomento en su comercialización. “Uno de los principales problemas que han tenido los gobiernos pasados y representa un reto para el actual gobierno es cómo vincular el manejo forestal comunitario a incentivos fiscales y otros que permitan la comercialización de productos terminados o servicios”, advierte. El presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Ixtlán y de la Unión de Comunidades de la Sierra Juárez reconoce la importancia de que las empresas comunitarias reciban incentivos fiscales, pero también respaldo para que no se otorguen concesiones mineras en un territorio que les ha costado trabajo cuidar o se carezcan de apoyos suficientes para combatir las plagas. Las mosca sierra es una plaga que amenaza la conservación de la superficie forestal en la Sierra. En 2017 identificaron que afectó 4 mil 500 hectáreas en tres comunidades. Para 2018 el daño aumentó en un 300 por ciento, alcanzó 15 mil hectáreas de 13 comunidades. A excepción de un apoyo de la Comisión Nacional Forestal en 2018, esa pelea también la realizan en solitario, porque han aprendido que conservar los bosques significa una forma de acercarse al desarrollo que las autoridades no les acercan.